SOBRE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL POR EL TERRORISMO DE ESTADO
“La memoria nos involucra a todos”[1]
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La responsabilidad por el terrorismo de Estado
fue también de los civiles, ya que “una sociedad debería hacerse responsable
no sólo por lo que activamente promueve y apoya, sino incluso por
aquello que es incapaz de evitar”, según el autor de esta nota; para
determinar el compromiso de cada sector habría que distinguir entre
tres órdenes de culpabilidad. |
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Un
día para la belleza de la dictadura que instauró y sistematizó el
terrorismo de Estado. |
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Por Hugo Vezzetti *
A casi quince años de la
restauración democrática, es importante mantener abiertas las preguntas por lo
sucedido durante el ciclo del terrorismo de Estado en la Argentina. E indagar
cómo pudo haber pasado (la pregunta de Hanna Arendt a la caída del nazismo) es el trabajo correlativo y
necesario a ese Nunca más que encarnó un consenso mayoritario de la sociedad en
la condena de la impunidad estatal y el terrorismo político. En ese sentido, la
acción pública de la memoria excede la denuncia de los crímenes y la demanda de
verdad y justicia en la medida en que, de cara a la sociedad, enfrenta ya no la
culpabilidad de los criminales sino las responsabilidades de la propia
sociedad. En momentos en que el debate acerca del libro Los verdugos
voluntarios del nazismo, de Goldhagen, se refiere a
la experiencia histórica del nazismo, vale la pena recordar que fue Karl Jaspers, en 1945, quien
afrontó la cuestión de “la culpabilidad alemana” en un curso dictado en la
Universidad de Heilderberg. Y a él se debe la
distinción, clave para ese debate, entre la culpabilidad criminal, la
culpabilidad política y la culpabilidad moral. (K. Jaspers,
La culpabilité allemande,
Paris, Minuit, 1990.)
Es claro que el caso argentino no puede ser mecánicamente identificado con el
alemán: en la Argentina el régimen dictatorial nunca tuvo un apoyo de masas
semejante al que sostuvo al totalitarismo nazi. De modo que, si es muy
importante sostener las preguntas por las responsabilidades (políticas y
morales) de la sociedad argentina frente al terrorismo de Estado, es
conveniente atender a ciertos rasgos singulares del ciclo histórico que culminó
definitivamente (es lo que todos queremos) con la última dictadura. Ante todo,
es preciso indagar las condiciones que en la propia sociedad (y eso incluye sus
instituciones, sus dirigentes, sus organizaciones y cultura políticas) hicieron
posible la instauración de tal régimen. En efecto, el corte histórico de la
inauguración democrática, la denuncia de los crímenes y el juicio público de
los principales responsables instalaron en la sociedad, junto con el rechazo de
la impunidad y el sobrecogimiento por las víctimas, algo así como una
proyección del mal: esto que rechazamos no tiene nada que ver con nosotros. Es
importante, entonces, abordar la cuestión de la “complicidad” de la sociedad,
un tema que ha sido expuesto directa y francamente por Eduardo Pavlovsky en una nota de esta misma sección (Página/12,
24-6-99).
Es conveniente reconocer que el problema de las responsabilidades colectivas es
un problema complejo. En principio, una sociedad debería hacerse responsable no
sólo por lo que activamente promueve y apoya sino incluso por aquello que es
incapaz de evitar. Al mismo tiempo, conviene recordar que la dictadura no fue
impuesta por una fuerza de ocupación extranjera ni fue completamente ajena a
tradiciones, acciones y representaciones de la lucha política que estaban
presentes en la sociedad desde mucho antes. Es claro que hay una
responsabilidad política inexcusable en los partidos que colaboraron con sus
hombres en la implantación y sostenimiento de un régimen que, hay que
recordarlo, fue en verdad cívico-militar. Lo mismo puede decirse del papel de
los círculos del poder económico, sindical, eclesiástico, periodístico, que
aportaron una conformidad que, en muchos casos, se convirtió en un apoyo activo
al régimen.
Por otra parte, si se atiende a las condiciones de la instauración de la
dictadura, no puede dejar de reconocerse que fue promovida por una escalada de
violencia ilegal, facciosidad y exaltación antiinstitucional que involucró a un amplio espectro de la
sociedad civil y política, en la derecha tanto como en la izquierda. No sólo el
viejo partido del orden y los responsables de la violencia paraestatal
celebraron en marzo de 1976. Cualquiera que tenga edad suficiente puede
recordar que para cierto sentido común “revolucionario” (que abarcaba bastante
más que las organizaciones guerrilleras) una dictadura era preferible a un
gobierno constitucional en la medida en que ponía en claro el carácter del
enemigo, en una lucha política concebida como una escalada de guerra hacia la
toma del poder. Es claro que una buena parte de la sociedad había acompañado
con cierta conformidad pasiva el vuelco de la política hacia un escenario de
violencia que despreciaba tanto las formas institucionales de la democracia
parlamentaria como las garantías del estado de derecho. Tanto como que la
escalada de la violencia en la escena social cotidiana y las imágenes del caos
(en gran parte estimuladas por la prensa favorable al golpe) estuvieron en la
base de una suerte de “rebote” del humor colectivo de una mayoría que viró
hacia la conformidad con formas (en principio dictatoriales, de acuerdo con la
experiencia histórica) de la restauración del orden y la autoridad.
De modo que, si es cierto que una mayoría acompañó o aportó su conformidad
pasiva a las faenas de la dictadura (responsabilidad moral, diría Jaspers), no lo es menos que entre las condiciones que
hicieron eso posible estuvo esa larga y pronunciada demolición de las formas y
los valores de la democracia institucional y la jerarquía de la ley. Es
conveniente evitar, entonces, una representación de la relación entre la
sociedad y la dictadura argentinas que considere a aquélla como una pura
víctima. De allí la importancia de desplazar el análisis desde la memoria y la
denuncia de los crímenes a las condiciones que los hicieron posibles. Pero es
claro que en el plano de las responsabilidades colectivas (políticas y morales)
no se trata de igualar a todos con una apelación genérica a la sociedad. En
ella juegan instituciones y organizaciones, tradiciones y formas de acción
políticas, social, económica. Y la responsablidad
mayor recae en sectores dirigentes y núcleos de poder que tuvieron la
posibilidad de actuar de otra manera.
Ahora bien, la memoria y el juicio sobre ese pasado ominoso y sobre sus
consecuencias hacia el presente no puede separarse de
la voluntad de dejarlo definitivamente atrás. Y depende de la edificación de un
consenso que sólo excluya a los criminales, sus defensores y acólitos y a los
nostálgicos del cualquier forma de reducción de la
política a la guerra. De modo que, si se trata de juzgar moralmente condiciones
que fueron generadas colectivamente (y ya no acciones criminales), admitiendo
diversos grados de responsabilidad, no es posible eludir una consideración de
las condiciones que hicieron posible, demasiado fácil podría decirse, la
quiebra final de un estado de derecho que estaba ya gravemente debilitado. El
terrorismo de Estado no cayó del cielo, y para volver sobre él desde el ángulo
de las responsabilidades sociales, parece necesario contribuir a un trabajo de
la memoria que nos involucre y sea capaz de interrogar y eventualmente alterar
certezas y valores que contribuyen a oscurecer la recuperación pensada de ese
pasado. Y en ese sentido, una genealogía de la cultura de la violencia y de la
ilegalización de las instituciones y el Estado no puede estar ausente de una
memoria y una transmisión del pasado que busque ser eficaz en la construcción
de un futuro diferente.
* Miembro del consejo editorial de la revista Punto de Vista; ex decano de la
Facultad de Psicología de la UBA.